"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Mujer
La Comisión de la Mujer presenta un informe ante el Debate General sobre Mujeres y Niñas con Discapacidad
El CERMI contribuye en Ginebra al seguimiento de la Convención de la ONU en materia de violencia de género y discapacidad
El estudio está dirigido al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
17/04/2013
La Comisión de la Mujer del CERMI ha presentado un informe dirigido al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el que analiza el estado de aplicación y respeto de los derechos y principios incluidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en relación a la violencia ejercida contra las mujeres y niñas con discapacidad en España.
Esta presentación tuvo lugar hoy miércoles en Ginebra (Suiza), el marco del Debate General sobre Mujeres y Niñas con Discapacidad.
El objetivo principal del informe del CERMI es ofrecer información al Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad para ayudar a un mejor desarrollo de la Convención y al respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las niñas y mujeres con discapacidad.
Previamente, el Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad aclaró que aprobó la celebración de este debate general por la escasez de información sobre la situación de mujeres y niñas con discapacidad en los informes presentados por los Estados parte sobre la aplicación de la Convención de la ONU.
En este sentido, el Comité manifestó su preocupación por las múltiples formas de discriminación que sufren las mujeres y niñas con discapacidad, las cuales impiden su participación efectiva en todas las esferas de la vida en igualdad de condiciones que las demás personas.
También expresó su preocupación por las situaciones de violencia y los malos tratos, así como por las restricciones impuestas a sus derechos sexuales, reproductivos y vinculados a la maternidad. Y, además, mostró su preocupación por que el género no sea una cuestión transversal de los planes nacionales para las personas con discapacidad, así como por que las políticas de género no incluyan la variable de la discapacidad.
Y, entre otros aspectos, declaró que acogía “con agrado” cualquier contribución sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad, en especial de las entidades que las representan.
En este sentido, el CERMI ha querido contribuir al seguimiento de la Convención de la ONU en esta materia, con el objetivo de alcanzar una aplicación “efectiva” y “real”.
La aportación del CERMI
También expone su mayor dependencia socioafectiva y emocional, mayor posibilidad de sufrir todo tipo de violencia, menor desarrollo personal y social, gran desconocimiento de la sexualidad y numerosos y catastróficos mitos al respecto, mayor desprotección sociosanitaria y baja autovaloración de la imagen corporal. “Esto se traduce en la existencia de un alto índice de violencia a este grupo poblacional”, señala.
Con respecto a la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, el informe del CERMI destaca la ausencia de información sobre el número de mujeres y niñas con discapacidad que sufren malos tratos físicos y psicológicos, aunque asegura que las entidades de la discapacidad saben que “son muchas”, ya que “la discapacidad, sea cual sea, agrava la situación”.
Así, denuncia que, igual que ocurre en otros países, la discapacidad en España no se ha ligado al concepto de violencia de género en ningún estudio significativo de ámbito estatal ni por parte de las instituciones públicas ni por el de las académicas.
Ante el informe alternativo que presentó el CERMI ante el examen de España del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde puso de manifiesto una serie de denuncias fundamentales en relación a la violencia ejercida contra las mujeres y niñas con discapacidad, este Comité de expertos en el segumiento de la Convención de la ONU recomendó a España, por una parte, que velase por que se tenga más en cuenta a las niñas y mujeres con discapacidad en los programas y políticas públicos sobre la prevención de la violencia de género.
Entre estas denuncias del CERMI, también se reflejaba la despenalización de la esterilización forzosa para personas con discapacidad por parte del Código Penal, si bien el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de septiembre el anteproyecto de Ley de Reforma del Código Penal, que reconduce este tratamiento a la vía civil. Con esto se establece que la despenalización de esterilización de las personas que carecen de aptitud para dar su consentimiento se realizará bajo autorización penal y en un proceso con máximas garantías, al mismo tiempo que se modifica la terminología (“discapacidad” por “minusvalía”, o “persona con discapacidad necesitada de especial protección” por “incapaz”).
Por último, el CERMI informó de que "no se ha encontrado ninguna medida que haya sido tomada y que pueda considerarse como un avance en la situación" sobre el resto de las cuestiones que recomienda el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para España en materia de violencia ejercida contra las mujeres y niñas con discapacidad.
